Irene García anuncia una campaña del PSOE contra la reforma de los ayuntamientos

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que los socialistas gaditanos iniciarán, en coordinación con el PSOE federal y regional, una campaña contra la reforma de la administración local planteada por el Gobierno del PP. Una campaña que tendrá tres vertientes: la jurídica, aún en estudio por si invade las competencias del Estatuto de Autonomía de Andalucía; en el ámbito político e institucional con la presentación de mociones e iniciativas en todas las cámaras de representación, Congreso, Senado y Parlamento andaluz y en las corporaciones locales incluidas la Diputación provincial, mancomunidades, ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas, y por último, promoverá la movilización social de alcaldes, alcaldesas y vecinos con el objetivo de parar esta Ley, salvo que se modifique y se alcance un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso.

García ha insistido en que esta Ley “no ahorra ni un solo céntimo, ni supone ninguna medida que permita bajar el déficit mientras conlleva la práctica desaparición de un número de municipios”. “Nunca habíamos conocido una reforma planteada con tanta vehemencia y en contra de la ciudadanía y la democracia local”, asegura y advierte de que las verdaderas intenciones del PP son “acabar con aquello que les molesta, que los ciudadanos opinen, voten y decidan a sus representantes, por tanto, es una reforma contra la participación directa de los ciudadanos a sabiendas de que el mayor ejercicio de democracia participativa que se da en la vida pública es en las elecciones municipales”. En esta misma línea, ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiera ser “el alcalde de todos los alcaldes, el gran padre de todos los alcaldes, ninguneando a los alcaldes y alcaldesas elegidos democráticamente por parte de sus ciudadanos”.

La dirigente socialista ha explicado que el PSOE desarrollará especialmente una campaña informativa para que la ciudadanía conozca las consecuencias de esta reforma que, a su juicio, “exige el diálogo y acuerdo por parte de todos en el debate fundamental que son las competencias y financiación de los ayuntamientos”. García ha subrayado que “bajo la falsa excusa de la rentabilidad y el ahorro, el PP ha trazado una medida de carácter absolutamente político que va a conllevar la aniquilación de los pequeños pueblos y la absoluta privatización de los servicios públicos”. “Esta reforma es absolutamente cómplice de la reforma laboral”, ha apostillado, advirtiendo de la pérdida de empleo que acarreará.

La secretaria general ha lamentado la incongruencia del PP de “comenzar a atacar el déficit por las administraciones locales que menos suponen en el global, un 4,5 por ciento, frente al déficit registrado en el Gobierno central que acumula el 76,7 de la deuda”.

Por su parte, el secretario de Política Municipal, Francisco Menacho, ha analizado el impacto que la reforma tendría sobre la provincia de Cádiz. Si se aplica la Ley, en los términos en que la está planteando el PP, un total de 29 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que existen en la provincia se verían abocados a su desaparición porque “lo que prima es el interés económico por encima del interés social, no que se preste un servicio de calidad, sino que éste sea rentable y para ello, la Diputación sería la que sacaría a concurso todos los servicios de manera que es el presidente del ente provincial el que pone precio a los servicios, le quita las competencias al alcalde y decide por éste”. En la provincia de Cádiz, de los 29 municipios de menos de 20.000 habitantes, 13 están gobernados por el PSOE, 8 por el PP, IU tiene 6 y 2 el PA.

Menacho ha advertido de que con el planteamiento del PP se darían casos como que en Cádiz capital ningún servicio va a poder ser deficitario, y así por ejemplo, el autobús urbano que cuenta con subvención municipal, tendrá que repercutir en los ciudadanos el precio final o quitarle calidad.

El secretario de Política Municipal ha reflexionado sobre las Entidades Locales Autónomas (ELAS) de la provincia, aclarando que de las 48 que existen en Andalucía, en la provincia de Cádiz hay un total de 11 que suman más de 21.000 habitantes, lo que representa más población que muchas comarcas de comunidades como Castilla León. Menacho ha vaticinado que “el conflicto vivido estos días en Jerez con los alcaldes de las ELAS encerrados en señal de protesta porque el secretario del ayuntamiento que tenían se ha jubilado y no lo han sustituido, va a ser utilizado como pretexto para que desaparezcan”.

En lo que respecta a los sueldos, ha desmontado la teoría del ahorro que considera una gran mentira. Así, ha explicado que de los 716 concejales liberados en la provincia, únicamente 213 tienen dedicación exclusiva, el 29,7 por ciento, y 56 tienen dedicación parcial, pero el 62,4 por ciento no cobra nada, es decir, 447 concejales de la provincia no cobran nada. “Si lo pasamos a ayuntamientos de menos de 20.00 habitantes, el 70,5 de los concejales de los municipios de 20.000 habitantes no cobra nada”, ha apuntado.

“Bajando a la realidad de la provincia es en los ayuntamientos del PP donde más ediles liberados hay, qué causalidad”, ha espetado. Así, el PP gobierna en 18 alcaldías y tiene 338 concejales, 114 con dedicación exclusiva y 39 con parcial, en total el 45,4 por ciento, mientras que el PSOE tiene al 35,3 por ciento de los liberados- 10 puntos menos- y donde gobierna IU el 30,4 por ciento. Conclusión: “Donde más dinero se está yendo, es donde gobierna el PP”.

Menacho también ha advertido de la injusticia de que no puedan cobrar los alcaldes de los municipios de menos de 1.000 habitantes que en la provincia de Cádiz solo afectaría a tres, Torre Alháquime, Villaluenga y Benaocaz y en los que “solo va a poder dedicarse a la política el que tenga dinero”.

Del mismo modo, las críticas del dirigente socialista se han centrado en las grandes ciudades donde, por el contrario, la Ley sí aumenta el número de concejales que pueden optar a la liberación y también el número de asesores. De esta forma, Menacho destaca la paradoja de que en el ayuntamiento de Cádiz podrá haber tanto personal eventual como concejales liberados, sin que se fije la limitación de sueldos a los eventuales. El secretario de Política Municipal ha concluido que “la reforma es un hachazo, un paso más en el proceso privatizador del PP y significa una voladura de la administración local que además no va acompañada de la necesaria reforma de la Hacienda”. “Sería muy duro que una Ley que afecta a los más de 8.000 ayuntamientos, no se acordara y que se permita que pueblos con mil o dos mil años de historia desaparezcan”, ha señalado.

“Estamos de acuerdo en que se racionalicen servicios, en que se modifique la financiación de los ayuntamientos y el sueldos de los cargos públicos pero es que en Andalucía somos pioneros con un acuerdo a través de la FAMP, donde se establecen los topes máximos de los alcaldes y alcaldesas, apliquémoslos porque eso significa ahorro, mientras que el único ahorro que persigue el PP es la eliminación de los ayuntamientos”, ha planteado.